Los representantes del Pueblo de la Provincia de Río Negro, reunidos en Convención Constituyente, ratificando su indisoluble pertenencia a la Nación Argentina y como parte integrante de la Patagonia, con el objeto de garantizar el ejercicio universal de los Derechos Humanos sin discriminaciones, en un marco de ética solidaria, para afianzar el goce de la libertad y la justicia social, consolidar las instituciones republicanas reafirmando el objetivo de construir un nuevo federalismo de concertación, consagrar un ordenamiento pluralista y participativo donde se desarrollen todas las potencias del individuo y las asociaciones democráticas que se da la sociedad, proteger la salud, asegurar la educación permanente, dignificar el trabajo, promover la iniciativa privada y la función social de la propiedad, preservar los recursos naturales y el medio ambiente, descentralizar el Estado haciendo socialmente eficiente su función, fortalecer la autonomía municipal y el equilibrio regional, lograr la vigencia del bien común y la paz bajo la protección de Dios, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Provincia de Río Negro.-

SISTEMA DE GOBIERNO

Artículo 1.- La Provincia de Río Negro, en ejercicio de su autonomía y como parte integrante de la Nación Argentina, se dicta su Constitución y organiza sus instituciones bajo el sistema republicano y democrático de gobierno, según los principios, derechos, deberes y garantías consignados en la Constitución Nacional.

SOBERANIA POPULAR

Artículo 2.- El poder emana del Pueblo, quien delibera y gobierna por medio de sus representantes y autoridades legalmente constituídas, con excepción de los casos del referendum, consulta, iniciativa y revocatoria populares.

A toda persona con derecho a voto le asiste el derecho a iniciativa ante los cuerpos colegiados para la presentación de proyectos.

SUPRESION DE TITULOS

Artículo 3.- Quedan suprimidos los títulos honoríficos a los funcionarios, cualquiera sea su investidura.

PUBLICIDAD

Artículo 4.- Todos los actos de gobierno son públicos.

Son publicados íntegramente los que se relacionancon la renta y los bienes pertenecientes al gobierno provincial y municipal.

JURAMENTO - MANIFESTACION DE BIENES

Artículo 5.- Los magistrados y funcionarios, electivos o no, incluso los pertenecientes a las intervenciones federales, están obligados en el acto de su incorporación, a prestar juramento de desempeñar debidamente el cargo y de obraren todo de conformidad a lo prescripto por esta Constitución.

Las personas mencionadas en el párrafo anterior están obligadas a manifestar sus bienes al ingreso, bajo apercibimiento de no recibir emolumento y de cesar en el cargo; y al egreso, de negarle beneficio previsional. La manifestación de bienes comprende también la del cónyuge y personas a su cargo, conforme la reglamentación.

ENSEÑANZA DE LA CONSTITUCION

Artículo 6.- El estudio de la Constitución será materia obligatoria en todos los niveles de la educación oficial de la Provincia, exaltando su espíritu y normativa.

VIGENCIA DE LA CONSTITUCION

Artículo 7.- En ningún caso y por ningún motivo el Pueblo y las autoridades de la Provincia pueden suspender elcumplimiento de esta Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de las garantías establecidas en ambas.

Es deber de los habitantes de la Provincia defender la efectiva vigencia del orden constitucional y de sus autoridades legítimas. Carece de validez jurídica cualquier disposición adoptada por imposición de fuerza armada.

A los efectos penales y formales, los fueros, inmunidades y prerrogativas procesales de los funcionarios electos se consideran vigentes hasta la finalización de sus períodos, conforme a esta Constitución, cuando fueren destituídos por actos o hechos no previstos por la misma. Son insanablemente nulas las condenas penales que se hubieren dictado o se dictaren en contravención a esta norma.

Las personas que ejercieren funciones de responsabilidad o asesoramiento político en los poderes de la Nación, de las provincias o de los municipios, en gobiernos no constitucionales, quedan inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos, en la provincia o en sus municipios. A los fines previsionales, no se computará el tiempo de sus servicios ni los aportes que por tal concepto hubieren realizado.

NOMBRE

Artículo 8.- Las denominaciones adoptadas sucesivamente desde 1884 para el ex-Territorio Nacional, a saber: "DE RIO NEGRO" o "DEL RIO NEGRO", son nombres oficiales indistintos para la designación de la Provincia.

LIMITES

Artículo 9.- Los límites del territorio de la Provincia son los históricos fijados por la Ley Nacional No 1.532, ratificados por la Ley Nacional No 14.408, abarcando además el subsuelo, el Mar Argentino adyacente y su lecho, y el espacio aéreo correspondiente.

Su modificación requiere los votos favorables de los cuatro quintos del total de los miembros de la Legislatura.

REGION PATAGONICA

Artículo 10.- La Provincia de Río Negro declara su pertenencia a la región patagónica. El gobierno coordina e integra prioritariamente sus políticas y planes con las provincias y autoridades nacionales con asiento al sur de los ríos Barrancas y Colorado.

CAPITAL DE LA PROVINCIA - DESCENTRALIZACION

Artículo 11.- La ciudad de Viedma es la capital de la Provincia. Es el asiento de las autoridades provinciales, conforme a esta Constitución.

Deja de ser capital cuando se efectivice el traslado de las autoridades nacionales al nuevo Distrito Federal.

El gobierno promueve la modernización, la descentralización administrativa y la planificación del desarrollo, contemplando las características culturales, históricas y socioeconómicas de las diferentes regiones internas, fortaleciendo el protagonismo de los municipios.

CLAUSULA FEDERAL

Artículo 12.- El gobierno provincial:

INTERVENCION FEDERAL

Artículo 13.- Las funciones de las intervenciones federales son exclusivamente administrativas, con excepción de las que derivan del estado de necesidad.

Los actos administrativos que realizan las intervenciones son válidos solamente cuando están conformes con esta Constitución y las leyes que en su consecuencia se dicten. La nulidad emergente puede ser declarada a instancia de parte.

Los funcionarios y empleados designados por la intervención federal quedan en comisión el día en que ésta cesa en sus funciones.

OPERATIVIDAD

Artículo 14.- Los derechos y garantías establecidos expresa o implícitamente en esta Constitución tienen plena operatividad sin que su ejercicio pueda ser menoscabado por ausencia o insuficiencia de reglamentación. El Estado asegura la efectividad de los mismos, primordialmente los vinculados con las necesidades vitales del hombre. Tiende a eliminar los obstáculos sociales, políticos, culturales y económicos, permitiendo igualdad de posibilidades.

REGLAMENTACION - FACULTADES IMPLICITAS

Artículo 15.- Las declaraciones, derechos y garantías que enumera esta Constitución, no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, ni serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados, pero que nacen del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.

DIGNIDAD HUMANA

Artículo 16.- Se reconoce el derecho a la vida y dignidad humana. Nadie puede ser sometido a tortura ni a tratos crueles, degradantes o inhumanos. Los agentes públicos que los ordenen, induzcan, permitan, consientan o no los denuncien, son exonerados si se demuestra la culpabilidad administrativa, sin perjuicio de las penas que por ley correspondan.

LIBERTAD PERSONAL - CAUSALES DE DETENCION

Artículo 17.- Ninguna persona puede ser detenida sin que preceda, al menos, una indagación sumaria, que produzca semiplena prueba o indicio grave de la comisión de un delito, salvo el caso de ser sorprendido in fraganti, en que puede ser aprehendida por cualquier persona que deberá conducirla inmediatamente a presencia de un juez o autoridad competente.

CONDICIONES DE DETENCION

Artículo 18.- Ninguna detención puede prolongarse más de veinticuatro horas sin darse aviso al juez competente, poniendo al detenido a su disposición.

Ninguna detención o arresto se hará en cárcel pública destinada a los condenados, sino en otro local que se asignará a este objeto. Las mujeres y menores serán alojados en establecimientos especiales.

Los menores tienen como mínimo iguales garantías procesales que las acordadas a los mayores de edad por esta Constitución y las leyes que la reglamentan.

APLICACION DE LA LEY PENAL

Artículo 19.- Sólo pueden aplicarse con efecto retroactivo las leyes penales más favorables al imputado. No pueden reabrirse causas concluídas en materia criminal, excepto cuando se tuviere prueba de la inocencia del condenado. Si dela revisión de una causa penal resulta su inocencia, la Provincia indemniza los daños materiales y morales causados, si hubiere culpa.

DERECHO A LA PRIVACIDAD

Artículo 20.- La ley asegura la intimidad de las personas. El uso de la información de toda índole o categoría, almacenada, procesada o distribuída a través de cualquier medio físico o electrónico, debe respetar el honor, la privacidad y el goce completo de los derechos. La ley reglamenta su utilización de acuerdo a los principios de justificación social, limitación de la recolección de datos, calidad, especificación del propósito, confidencialidad, salvaguarda de la seguridad, apertura de registros, limitación en el tiempo y control público. Asegura el acceso de las personas afectadas a la información para su rectificación, actualización o cancelación cuando no fuera razonable su mantenimiento.

INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO Y DOCUMENTOS PRIVADOS

Artículo 21.- El domicilio, los papeles y registros de datos privados, la correspondencia epistolar y las comunicaciones de cualquier índole son inviolables y sólo pueden ser allanados, intervenidos, interceptados o registrados en virtud de orden escrita de juez competente y siempre que mediare semiplena prueba o indicio grave de la existencia de hecho punible.

El allanamiento de domicilio en horas de la noche es excepcional. Sólo puede disponerse por motivo fundado y realizarse con la presencia del juez, salvo imposibilidad justificada, en cuyo caso delegará la diligencia en otro funcionario judicial.

Toda prueba obtenida en violación a lo aquí dispuesto queda invalidada como tal.

DERECHO DE DEFENSA

Artículo 22.- Es inviolable la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento judicial o administrativo.

La ley asegura la defensa de todo indigente en cualquier jurisdicción o fuero.

Los defensores no pueden ser molestados, ni allanados sus domicilios o locales profesionales con motivo de su defensa.

Ningún habitante puede ser sacado de sus jueces naturales.

Es inocente toda persona mientras no se declare su culpabilidad conforme a la ley y en proceso público, con todas las garantías necesarias para su defensa.

En causa penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni se impone obligación de declarar al cónyuge, ascendientes, descendientes o colaterales en segundo grado del acusado.

Las declaraciones del imputado no son usadas en su contra, salvo que sean prestadas en presencia del juez de la causa y de su defensor.

Ningún detenido debe estar incomunicado más de 48 horas. Se le notifica la causa de la detención dentro de las primeras 12 horas, entregándosele copia de la resolución fechada y firmada. Tiene derecho a dar aviso de su situación a quien estime conveniente, siendo obligación de la autoridad proveer los medios necesarios para ello en forma inmediata.

Las autoridades proporcionan antecedentes penales o judiciales sólo en los casos y con las limitaciones previstas en la ley.

SISTEMA CARCELARIO

Artículo 23.- La Provincia promueve la creación del sistema penitenciario provincial. Las cárceles tienen por objeto la seguridad pública y no la mortificación de los internados; son sanas y limpias y constituyen centros de enseñanza, readaptación y trabajo. La reglamentación permite visitas privadas con el fin de no alterar el mundo afectivo y familiar, y ayudar a la recuperación integral del detenido. Todo rigor innecesario hace responsables a quienes lo autorizan, aplican, consienten o no lo denuncian.

DERECHO DE ASOCIACION POLITICA

Artículo 24.- Todas las personas en condiciones de votar tienen el derecho de asociarse libremente en partidos políticos, los que ajustan su accionar a las normas contenidas en esta Constitución y a las leyes que se dicten en su consecuencia.

Los partidos políticos expresan el pluralismo ideológico concurriendo a la formación y manifestación de la voluntad popular. Son los principales medios para la participación y representación política del Pueblo rionegrino. Se reconoce y asegura su existencia. Son las únicas organizaciones que pueden nominar candidaturas para cargos que se proveen mediante elección popular. Tienen libre acceso a los medios de comunicación a efectos de orientar a la opinión pública y contribuir a la formación de su voluntad.

Su funcionamiento y organización interna responden a principios democráticos. Deben dar cuenta públicamente de la procedencia de sus recursos y de la administración de sus finanzas, con las modalidades que la ley determina.

El Estado presta apoyo económico para la formación y capacitación de sus afiliados, teniendo en cuenta su caudal electoral de acuerdo a lo que dispone la ley.

TITULARIDAD DE LAS BANCAS

Artículo 25.- Las bancas de toda representación política legislativa, provincial o municipal, pertenecen a los partidos políticos que las nominaron, conforme la ley que lo reglamente.

A solicitud del órgano deliberativo máximo partidario provincial se podrá requerir la revocación del mandato de un representante y su sustitución por el suplente correspondiente ante la justicia electoral, la que hará lugar al pedido cuando se invocare y probare una violación ostensible y grave de la plataforma electoral.

DERECHO DE INFORMACION Y EXPRESION

Artículo 26.- Es inviolable el derecho que toda persona tiene de expresar libremente sus ideas y opiniones, y de difundirlas por cualquier medio, sin censura de ninguna clase. Nadie puede restringir la libre expresión y difusión de ideas, ni trabar, impedir ni suspender por motivo alguno el funcionamiento de los talleres tipográficos, difusores radiales y demás medios idóneos para la emisión y propagación del pensamiento, ni decomisar sus maquinarias o enseres, ni clausurar sus locales, salvo en casos de violación de las normas de policía laboral, higiene y seguridad, requiriéndose al efecto orden judicial.

Aquel que abusare de este derecho sólo será responsable de los delitos comunes en que incurriere a su amparo y de las lesiones que causare a quienes resultaren afectados. Se admite la prueba como descargo de la conducta oficial de los funcionarios y empleados públicos.

Los delitos cometidos por cualquiera de esos medios nunca se reputarán flagrantes.

Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho del libre acceso a las fuentes públicas de información.

No podrá dictarse ley ni disposición que exija en el director o editor, otras condiciones que el pleno goce de su capacidad civil, ni que establezca impuestos a los ejemplares de los diarios, periódicos, libros, folletos o revistas.

DERECHO DE REPLICA

Artículo 27.- Ante informaciones agraviantes o inexactas vertidas a través de cualquier medio de difusión, la persona o entidad afectada tiene derecho a rectificación o respuesta gratuita, conforme lo reglamenta la ley, la que asegura sumariedad e inmediatez en el trámite.

LIBERTAD DE CULTO

Artículo 28.- Todos los habitantes de la Provincia tienen la libertad de profesar, pública o privadamente, su religión. La Provincia no dicta ley que restrinja o proteja culto alguno aún cuando reconoce la tradición cultural de la fe católica apostólica romana.

Nadie está obligado a declarar la religión que profesa.

PROPIEDAD E INICIATIVA PRIVADAS

Artículo 29.- El Estado garantiza la propiedad y la iniciativa privadas y toda actividad económica lícita y las armoniza con los derechos individuales, sociales y de la comunidad.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 30.- El Estado reconoce a los consumidores el derecho a organizarse en defensa de sus legítimos intereses. Promueve la correcta información y educación de aquellos, protegiéndolos contra todo acto de deslealtad comercial; vela por la salubridad y calidad de los productos que se expenden.

PROTECCION A LA FAMILIA

Artículo 31.- El Estado protege a la familia, como célula base de la sociedad, establecida, organizada y proyectada a través del afecto, facilitando su constitución y el logro de sus fines culturales, sociales y económicos.

Los padres tienen el derecho y la obligación de cuidar y de educar a sus hijos.

El bien de familia, cuyo régimen es determinado por ley, y los elementos necesarios para el trabajo, son inembargables.

IGUALDAD DE DERECHOS

Artículo 32.- El Estado afianza la igualdad de derechos entre la mujer y el varón en los aspectos culturales, políticos, económicos y sociales, para lograr juntos una participación real en la organización y conducción de la comunidad.

AMPARO A LA NIÑEZ

Artículo 33.- Los niños tienen derecho a la protección y formación integral por cuenta y cargo de su familia; merecen trato especial y respeto a su identidad, previniendo y penando el Estado cualquier forma de mortificación o explotación.

En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer dicha protección, en hogares con personal especializado, sin perjuicio de la obligación de subrogarse en el ejercicio de las acciones para demandar a los familiares obligados los aportes correspondientes.

Reciben por los medios de comunicación mensajes pacíficos y orientados a su formación en base a los valores de la argentinidad, solidaridad y amistad.

FORMACION DE LA JUVENTUD

Artículo 34.- El Estado procura la formación integral y democrática de la juventud; promueve su creatividad y participación en las actividades culturales, sociales y políticas.

DERECHOS DE LA TERCERA EDAD

Artículo 35.- Las personas de la tercera edad, por su experiencia y sabiduría continúan aportando al progreso de la comunidad. Se les garantiza el derecho a trabajar y a gozar del esparcimiento, tranquilidad y respeto de sus semejantes. Tienen derecho a su protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer dicha protección, sin perjuicio de la obligación de subrogarse en el ejercicio de las acciones para demandar de los familiares obligados los aportes correspondientes.

DISCAPACITADOS - EXCEPCIONALES

Artículo 36.- El Estado protege integralmente a toda persona discapacitada, garantizando su asistencia, rehabilitación, educación, capacitación e inserción en la vida social.

Implementa políticas de prevención y procura que la sociedad tome conciencia y adopte actitudes solidarias.

Las construcciones públicas prevén el desplazamiento normal de los discapacitados.

El Estado promueve a las personas excepcionales y facilita su educación especial.

BENEFICIOS IMPOSITIVOS

Artículo 37.- Todo habitante mayor de 65 años o incapacitado para el trabajo, con ingresos mínimos derivados de la jubilación, retiro, o pensión y patrimonio que no exceda el máximo que determina la ley, puede supeditar el pago de contribuciones extraordinarias, provinciales o municipales que gravan el inmueble que posee, hasta que mejore de fortuna u opere la transmisión del bien por cualquier título.

Por igual período queda exento del pago de los impuestos, tasas y contribuciones ordinarias provinciales o municipales, vinculadas con el inmueble que habita.

ACTIVIDADES SOCIALES

Artículo 38.- Se promueven las actividades sociales que complementan el bienestar del hombre y su familia para la correcta utilización del tiempo libre, respetando las características propias del medio.

El Estado fomenta especialmente el deporte aficionado, la recreación, la cultura y el turismo.

TRABAJO

Artículo 39.- El trabajo es un derecho y un deber social; es el medio legítimo e indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona y de la comunidad. Río Negro es una Provincia fundada en el trabajo.

DERECHOS DEL TRABAJADOR

Artículo 40.- Son derechos del trabajador, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio:

DERECHOS GREMIALES

Artículo 41.- En defensa de sus intereses profesionales, se garantiza a los trabajadores el derecho a asociarse en sindicatos independientes, que deben darse una organización pluralista, con gestión democrática y elección periódica de las autoridades por votación secreta de sus afiliados.

Los sindicatos aseguran el goce efectivo de los derechos de los trabajadores y realizan propuestas políticas, económicas y sociales a los distintos organismos del Estado.

El Estado garantiza a los sindicatos los derechos de:

DERECHOS DE LOS INDIGENAS

Artículo 42.- El Estado reconoce al indígena rionegrino como signo testimonial y de continuidad de la cultura aborigen preexistente, contributiva de la identidad e idiosincrasia provincial. Establece las normas que afianzan su efectiva incorporación a la vida regional y nacional, y le garantiza el ejercicio de la igualdad en los derechos y deberes. Asegura el disfrute, desarrollo y transmisión de su cultura, promueve la propiedad inmediata de la tierra que posee, los beneficios de la solidaridad social y económica para el desarrollo individual y de su comunidad, y respeta el derecho que le asiste a organizarse.

AMPARO - HABEAS CORPUS

Artículo 43.- Todos los derechos y libertades humanas, reconocidos expresa o implícitamente por esta Constitución, están protegidos por la acción de amparo que puede promover el restringido por sí o por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato, valiéndose de cualquier medio de comunicación y a cualquier hora, ante el juez letrado inmediato, sin distinción de fueros o instancias y aunque forme parte de un tribunal colegiado, a fin de que se ordene su inmediata libertad, se los someta al juez competente, se le acuerde la garantía negada o el ejercicio de sus derechos individuales o colectivos.

El juez del amparo ejerce su potestad jurisdiccional sobre todo otro poder o autoridad pública y la acción puede instaurarse sin formalidad procesal alguna. Tanto la acción de amparo como el hábeas corpus, se resuelven por el juez previo informe requerido a la autoridad o particular que suprimió, restringió o amenazó libertades. Para el caso de hábeas corpus, hace comparecer al detenido y al autor de la afectación dentro de las veinticuatro horas, debiendo resolver en definitiva dentro de las cuarenta y ocho horas de haberse planteado. Dispone asimismo, las medidas correspondientes para quien expidió la orden o ejecutó el acto.

Cuando un juez tuviere conocimiento de que alguna persona se hallare arbitrariamente detenida o restringida en sus derechos, puede expedir de oficio el mandamiento de hábeas corpus o de amparo.

MANDAMIENTO DE EJECUCION

Artículo 44.- Para el caso de que esta Constitución, una ley, decreto, ordenanza o resolución, imponga a un funcionario o ente público administrativo un deber concreto, toda persona cuyo derecho resultare afectado por su incumplimiento, puede demandar ante la justicia competente la ejecución inmediata de los actos que el funcionario o ente público administrativo hubiere rehusado cumplir. El juez, previa comprobación sumaria de los hechos denunciados, libra un mandamiento y exige el cumplimiento inmediato del deber omitido.

MANDAMIENTO DE PROHIBICION

Artículo 45.- Si un funcionario o ente público administrativo ejecutare actos prohibidos por esta Constitución, una ley, decreto, ordenanza o resolución, la persona afectada podrá obtener por vía y procedimiento establecidos en el artículo anterior, un mandamiento judicial prohibitivo que se librará al funcionario o ente público del caso.

DEBERES

Artículo 46.- Es deber de todo habitante:

PRINCIPIOS

Artículo 47.- La administración pública provincial y en lo pertinente la municipal, están regidas por los principios de eficiencia, austeridad, centralización normativa, descentralización, desconcentración, imparcialidad, equidad, igualdad y publicidad de las normas o actos.

Su actuación está sujeta a la determinación oficiosa de la verdad, con celeridad y economía, sencillez en el trámite, plazos breves, participación y procedimiento público e informal para los administrados.

ESTATUTO

Artículo 48.- La Legislación tiende a establecer un estatuto único para la administración pública provincial, en base a los principios establecidos en esta Constitución, orientado a equiparar situaciones similares.

CARRERA ADMINISTRATIVA

Artículo 49.- Se establece la carrera administrativa para los agentes públicos. La ley determina su extensión y excepciones. Por igual función corresponde igual remuneración, otorgándose la garantía del sumario con intervención del afectado para su sanción o remoción.

INHABILIDADES

Artículo 50.- Los agentes públicos condenados por delitos contra la administración, o por delitos electorales, quedan inhabilitados a perpetuidad para ingresar a la administración provincial o municipal y no pueden desempeñar cargos electivos.

INGRESO - ESTABILIDAD

Artículo 51.- La idoneidad y eficiencia son condiciones para el ingreso, ascenso y permanencia de los agentes públicos. A esos efectos, la ley instrumenta el régimen de concursos de oposición y antecedentes. Se asegura la estabilidad e independencia en el desempeño del cargo, prohibiéndose cualquier tipo de discriminación política, social y religiosa.

CAPACITACION - PARTICIPACION

Artículo 52.- Se promueve la capacitación de los agentes públicos, así como la participación de los mismos en la formulación y ejecución de políticas tendientes al mejoramiento de la administración, en la forma y casos que establece la ley.

REMOCION

Artículo 53.- Los agentes públicos designados en violación a las disposiciones de esta Constitución pueden ser removidos en cualquier tiempo sin derecho a reclamo alguno.

RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES

Artículo 54.- Los agentes públicos son personalmente responsables de los daños causados por extralimitación o cumplimiento irregular de sus funciones.

RESPONSABILIDADES DE LA PROVINCIA Y MUNICIPIOS

Artículo 55.- La Provincia y los municipios son responsables por sí y por los actos de sus agentes realizados con motivo o en ejercicio de sus funciones. Son demandados sin necesidad de autorización previa. Sus rentas y los bienes destinados al funcionamiento no son embargables a menos que el gobierno provincial o municipal no hubiera arbitrado los medios para efectivizar el pago en el ejercicio inmediato a la fecha en que la sentencia quedare firme.

Son inembargables los bienes destinados a la asistencia social, salud y educación.

En ningún caso los embargos trabados podrán superar el veinte por ciento de las rentas anuales.

ACCION VINDICATORIA

Artículo 56.- Todo agente público a quien se le imputa delito cometido en el desempeño de sus funciones, está obligado a acusar para vindicarse, en un plazo no mayor de seis meses del conocimiento de la imputación, bajo pena de destitución. A tal efecto gozará del beneficio del proceso gratuito.

CITACION A JUICIO

Artículo 57.- La Provincia o sus municipios, demandados por hechos de sus agentes, deben recabar la citación a juicio de estos últimos para integrar la relación procesal, a efectos de determinar las responsabilidades establecidas en el Art. 54o de esta Constitución. El representante legal que no cumpliere con tal obligación es responsable de los perjuicios causados por la omisión, además de las restantes sanciones que le pudieren corresponder.

PREVISION

Artículo 58.- La ley organiza un régimen previsional único para todos los agentes públicos, fundado en la solidaridad, equidad e inexistencia de privilegios que importen desigualdades que no respondan a causas generales, objetivas y razonables, debiendo existir equivalencia entre los aportes realizados y el haber jubilatorio.

Se tiene en cuenta la edad, antiguedad y naturaleza de los servicios prestados y los aportes realizados; así como las características de las distintas zonas de la Provincia.

El haber jubilatorio mínimo no puede ser inferior al salario mínimo establecido para los agentes de la administración.

SALUD

Artículo 59.- La salud es un derecho esencial y un bien social que hace a la dignidad humana. Los habitantes de la Provincia tienen derecho a un completo bienestar psicofísico y espiritual, debiendo cuidar su salud y asistirse en caso de enfermedad.

El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones integrales de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación. Incluye el control de los riesgos biológicos y socioambientales de todas las personas desde su concepción, para prevenir la posibilidad de enfermedad o muerte por causa que se pueda evitar.

Mediante unidad de conducción, el Estado Provincial garantiza la salud a través de un sistema integrador establecido por la ley con participación de los sectores interesados en la solución de la problemática de la salud.

Organiza y fiscaliza a los prestadores de la salud, asegurando el acceso, en todo el territorio provincial, al uso igualitario, solidario y oportuno de los más adecuados métodos y recursos de prevención, diagnóstico y terapéutica.

La ley organiza consejos hospitalarios con participación de la comunidad.

Los medicamentos son considerados como bien social básico y fundamental. La autoridad pública implementa un vademecum y las medidas que aseguren su acceso a todos los habitantes.

CULTURA Y EDUCACION

Artículo 60.- La cultura y la educación son derechos esenciales de todo habitante y obligaciones irrenunciables del Estado.

CULTURA

Artículo 61.- El Estado garantiza a todos los habitantes el acceso a la práctica, difusión y desarrollo de la cultura, eliminando en su creación toda forma de discriminación.

Promueve y protege las manifestaciones culturales, personales o colectivas y aquellas que afirman la identidad provincial, regional, nacional y latinoamericana.

Preserva el acervo histórico, arqueológico, documental, artístico, paisajístico, las costumbres, la lengua y todo patrimonio de bienes y valores del Pueblo, que constituyen su cultura.

EDUCACION - FINALIDAD

Artículo 62.- La educación es un instrumento eficiente para la liberación, la democracia y el inalienable respeto por los derechos y obligaciones del hombre.

Es un derecho de la persona, de la familia y de la sociedad, a la que asiste el Estado como función social prioritaria, primordial e irrenunciable, para lograr una sociedad justa, participativa y solidaria.

POLITICA EDUCATIVA

Artículo 63.- La política educativa provincial se basa en los siguientes principios:

PRESUPUESTO

Artículo 64.- El Estado asigna en la ley de presupuesto un fondo propio para educación no menor de un tercio de las rentas generales, sin perjuicio de los demás recursos que se le otorguen.

GOBIERNO DE LA EDUCACION

Artículo 65.- Las políticas educativas de la Provincia son formuladas con la intervención de un Consejo Provincial de Educación, el que tendrá participación necesaria en la determinación de los planes y programas educativos, orientación técnica, coordinación de la enseñanza, y los demás aspectos del gobierno de la educación que establezca la ley. Es integrado por representantes de docentes en actividad, consejos escolares y representantes del Poder Ejecutivo, con carácter autárquico, y en las formas y con los atributos que fija la ley.

La administración local y el gobierno inmediato de las escuelas en cuanto no afecten a la parte técnica, está a cargo de consejos escolares electivos que funcionan en cada una de las localidades, los que se integran con vecinos, alumnos y docentes que residen en el lugar.

UNIVERSIDADES

Artículo 66.- La Provincia fija las políticas de adhesión, colaboración e interdependencia con las universidades nacionales atendiendo a las necesidades tecnológicas, económicas y culturales de la comunidad rionegrina.

INVESTIGACION CIENTIFICA

Artículo 67.- El Estado protege, orienta y fomenta la investigación científica, con libertad académica, y su preservación y difusión; es instrumento para comprender la realidad natural y social, y satisfacer las necesidades espirituales y materiales del hombre, contribuyendo al desarrollo provincial, regional y nacional.

DESARROLLO TECNOLOGICO

Artículo 68.- Se promueve el desarrollo de tecnologías apropiadas de innovación y de avanzada, que apoyen el desarrollo económico y social provincial y su intercambio con la Nación y Latinoamérica.

Fomenta la cooperación entre las instituciones de investigación científica, de desarrollo tecnológico y de empresas productivas, públicas y privadas, evitando la dispersión y duplicación de esfuerzos.

SISTEMA PROVINCIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Artículo 69.- Todas las personas tienen derecho a acceder a los beneficios de la ciencia y de la tecnología.

La Provincia estimula la difusión y utilización del conocimiento científico y tecnológico en todos los ámbitos de la sociedad; organiza el sistema provincial de ciencia y tecnología con participación de científicos, tecnólogos, instituciones y empresas del sector; concerta con la Nación su participación en los planes federales.

El presupuesto provincial asigna recursos específicos debiendo la Legislatura analizar los avances producidos.

DOMINIO

Artículo 70.- La Provincia tiene la propiedad originaria de los recursos naturales existentes en el territorio, su subsuelo, espacio aéreo y mar adyacente a sus costas, y la ejercita con las particularidades que establece para cada uno. La ley preserva su conservación y aprovechamiento racional e integral, por sí o mediante acuerdo con la Nación, con otras provincias o con terceros, preferentemente en la zona de origen. La Nación no puede disponer de los recursos naturales de la Provincia, sin previo acuerdo mediante leyes convenio que, contemplen el uso racional del mismo, las necesidades locales y la preservación del recurso y de la ecología.

REGIMEN DE AGUAS

Artículo 71.- Son de dominio del Estado las aguas públicas ubicadas en su jursidicción, que tengan o adquieran aptitud para satisfacer usos de interés general. El uso y goce de éstas debe ser otorgado por autoridad competente. El código de aguas regla el gobierno, administración, manejo unificado e integral del recurso, la participación directa de los interesados y el fomento de aquellos emprendimientos y actividades calificados como interés social.

La Provincia concerta con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes.

RECURSOS ICTICOLAS

Artículo 72.- La Provincia preserva, regula y promueve sus recursos ictícolas y la investigación científica, dentro de las áreas marítimas de jurisdicción provincial y de los demás cursos o espejos de agua; fomenta la actividad pesquera y los puertos provinciales.

En la jurisdicción marítima complementa sus acciones con la Nación.

ACCESO Y DEFENSA DE LAS RIBERAS

Artículo 73.- Se asegura el libre acceso con fines recreativos a las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público.

El Estado regula las obras necesarias para la defensa de costas y construcción de vías de circulación por las riberas.

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Artículo 74.- La Provincia con los municipios ordena el uso del suelo y regula el desarrollo urbano y rural, mediante las siguientes pautas:

REGIMEN DE TIERRAS

Artículo 75.- La Provincia considera la tierra como instrumento de producción que debe estar en manos de quien la trabaja, evitando la especulación, el desarraigo y la concentración de la propiedad.

Es legítima la propiedad privada del suelo y constituye un derecho para todos los habitantes acceder a ella.

Propende a mantener la unidad productiva óptima, la ejecución de planes de colonización, el asentamiento de familias campesinas, con apoyo crediticio y técnico, y de fomento.

La ley establece las condiciones de su manejo como recurso renovable, desalienta la explotación irracional, así como la especulación en su tenencia libre de mejoras, a través de impuestos generales.

En materia agraria la Provincia expropia los latifundios inexplotados o explotados irracionalmente y las tierras sin derecho a aguas que con motivo de obras que realice el Estado puedan beneficiarse.

BOSQUES

Artículo 76.- El Estado promueve el aprovechamiento racional de los bosques, resguardando la supervivencia, conservación, mejoramiento de las especies y reposición de aquellas de mayor interés, a través de la forestación y reforestación.

Para alcanzar tales fines, ejerce las facultades inherentes al poder de policía.

PARQUES

Artículo 77.- La Provincia declara zonas de reserva y zonas intangibles. Reivindica el derecho a participar en forma igualitaria con la Nación en la administración y aprovechamiento de los parques. En las zonas de reserva promueve por sí el poblamiento y desarrollo económico.

Otras áreas de interés ecológico pueden ser asimismo declaradas parques provinciales.

RECURSOS MINEROS

Artículo 78.- Los yacimientos y minas son propiedad de la Provincia. Esta fomenta la prospección, exploración, explotación e industrialización en la región de origen. La ley regula estos objetivos, el registro, otorgamiento de concesiones, ejercicio del poder de policía y el régimen de caducidades para el caso de minas abandonadas, inactivas o de ficientemente explotadas.

HIDROCARBUROS Y MINERALES NUCLEARES

Artículo 79.- Los yacimientos de gas, petróleo y de minerales nucleares existentes en el territorio provincial y en la plataforma marítima, son bienes del dominio público provincial. Su explotación se otorga por ley, por convenio con la Nación. La Provincia interviene en los planes de exploración o explotación preservando el recurso, aplicando un precio diferencial para los hidrocarburos cuando éstos son extraídos en forma irracional, y asegurando inversiones sustitutivas en las áreas afectadas, para el sostenimiento de la actividad económica. La ley fija los porcentajes de los productos extraídos que necesariamente deberán ser industrializados en su territorio. La Provincia toma los recaudos necesarios para controlar las cantidades de petróleo y gas que se extraen.

RECURSOS ENERGETICOS

Artículo 80.- La Provincia organiza los servicios de distribución de energía eléctrica y de gas pudiendo convenir con la Nación la prestación por parte de ésta. Otorga las concesiones de explotación y dispone las formas de participación de municipios, cooperativas y usuarios; ejerce la policía de los servicios; asegura el suministro de estos servicios a todos los habitantes y su utilización como forma de promoción económica y social.

La Provincia reclama a las empresas explotadoras la indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios que ocasionan las obras hidroeléctricas.

PARTICIPACION EN EMPRESAS NACIONALES

Artículo 81.- Cuando el aprovechamiento de los recursos natura les fuere realizado por empresas del Estado Nacional, las mismas deben dar participación a la Provincia en la administración, dirección y control de dichas empresas.

ESPECTRO DE FRECUENCIA

Artículo 82.- El espectro de frecuencia es un recurso natural de dominio público. La Provincia, en uso de su autonomía, reserva su derecho de legislar en materia de radiodifusión y televisión, decide sobre sus modelos de comunicación para la afirmación de la integración y autonomía provincial y promueve especialmente la instalación de emisoras en zona de frontera.

La ley asegura el desarrollo, planificación, coordinación, investigación, administración y financiamiento de la comunicación social.

RADIODIFUSION Y TELEVISION

Artículo 83.- La radiodifusión y televisión constituyen un servicio público orientado al desarrollo integral de la Provincia y sus habitantes, el crecimiento de sus regiones, la conformación de su identidad cultural y el pleno ejercicio del derecho de información.

El Estado garantiza el derecho de las audiencias a expresar orgánicamente su opinión y a participar en la formulación de políticas públicas sobre comunicación social.

Se prohíbe el monopolio y el oligopolio estatal o privado, sobre los medios de comunicación en el ámbito provincial y se promueve la instalación de emisoras a cargo de organizaciones sociales sin fines de lucro que persigan objetivos de interés público.

DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE

Artículo 84.- Todos los habitantes tienen el derecho a gozar de un medio ambiente sano, libre de factores nocivos para la salud, y el deber de preservarlo y defenderlo.

Con este fin, el Estado:

CUSTODIA DE LOS ECOSISTEMAS NATURALES

Artículo 85.- La custodia del medio ambiente está a cargo de un organismo con poder de policía, dependiente del Poder Ejecutivo, con las atribuciones que le fija la ley.

Los habitantes están legitimados para accionar ante las autoridades en defensa de los intereses ecológicos reconocidos en esta Constitución.

PRINCIPIOS

Artículo 86.- La economía está al servicio del hombre y debe satisfacer sus necesidades materiales y espirituales. El capital cumple una función social. Su principal objeto es el desarrollo de la Nación, de la Región y de la Provincia y sus diversas formas de utilización no pueden contrariar el bien común.

La ley desalienta la usura, la especulación y todas aquellas formas económicas que tiendan a dominar los mercados, eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente las ganancias.

Los beneficios del crecimiento son distribuídos equitativa y solidariamente. Los empresarios, los trabajadores y el Estado son responsables de la eficiencia, productividad y progreso de los factores económicos que participan en el proceso productivo.

FACULTADES COMPARTIDAS

Artículo 87.- La Provincia reivindica del Estado Nacional los poderes necesarios para regir su economía, participación igualitaria en la ejecución de las políticas sectoriales nacionales de interés provincial y en los organismos de aplicación de las mismas. Dicta leyes que preservan las características propias de la producción, industrialización y comercialización de los productos rionegrinos. Convendrá con el gobierno nacional, asesorado por los sectores interesados, las condiciones de aplicación de las leyes nacionales que regulan las actividades productivas.

SERVICIOS PROVINCIALES

Artículo 88.- La prestación de servicios tarifados que realiza la Provincia asume forma empresaria con participación mayoritaria y auditoría estatal. Su desenvolvimiento se ajusta a pautas de rentabilidad, buen servicio, eficiencia y publicidad de sus actos, sin perjuicio de las actividades de fomento que deba realizar. Están sujetos al pago de impuestos, tasas y contribuciones.

La ley fija el régimen laboral aplicable a cada servicio.

SUJECION AL PLANEAMIENTO

Artículo 89.- Los entes que explotan servicios públicos están sujetos a planes generales y sectoriales de laProvincia.

Formulan programas y suscriben acuerdos que proponen al Poder Ejecutivo y que son aprobados por la Legislatura.

PROPIEDAD - EXPROPIACION

Artículo 90.- La propiedad y la actividad privadas tienen una función social; están sometidas a las leyes que se dicten.

La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley, previa y justamente indemnizada.

DEFENSA DE LA PRODUCCION

Artículo 91.- El Estado defiende la producción básica y riquezas naturales contra la acción del privilegio económico y promueve su industrialización y comercialización, procurando su diversificación e instalación en los lugares de origen.

Sanciona leyes de fomento para la radicación de nuevos capitales y pobladores.

Se declara de interés provincial la actividad exportadora de los productos básicos de la economía rionegrina, determinándose como objetivos el logro de una adecuada rentabilidad en la colocación de estos productos, el ordenamiento del proceso y una equitativa distribución de los resultados entre los sectores intervinientes, los que se procurarán a través de la unificación de la exportación.

Se asegura la participación de los interesados en la planificación e implementación de las políticas provinciales en la materia.

CREDITO

Artículo 92.- Es obligación de los poderes públicos orientar el crédito hacia tareas productivas impidiendo la especulación.

El banco provincial es instrumento oficial de la política financiera del gobierno, caja obligada y agente financiero de los entes públicos provinciales, y municipales, mientras éstos no posean sus propios bancos.

Ejecuta la política crediticia de la Provincia y canaliza el ahorro orientado a la producción.

La Provincia fija las condiciones de instalación de entidades financieras públicas y privadas en su territorio, y ejercita sobre éstas y las ya instaladas el poder de policía.

TESORO PROVINCIAL

Artículo 93.- El gobierno de la Provincia provee a los gastos de su administración con los fondos del tesoro provincial.

Este se forma con el producto y fruto de sus bienes; con los beneficios de la actividad económica que desarrolla y de los servicios que presta; con los recursos provenientes de los impuestos permanentes y transitorios; con la participación que le corresponde por impuestos fijados por la Nación, con la cual celebra acuerdos para su establecimiento y percepción; y con las operaciones de crédito que realiza.

Las regalías constituyen fondos especiales que deben ser progresivamente utilizados para obras específicas del sector y para generar actividades sustitutivas del recurso.

REGIMEN TRIBUTARIO

Artículo 94.- La igualdad, proporcionalidad, no confiscatoriedad y progresividad constituyen la base del impuesto y de las cargas públicas. Se establecen inspirados en propósitos de justicia y necesidad social. Se puede eximir el patrimonio y la renta mínima individual y familiar, y demás casos previstos por esta Constitución.

Se grava preferentemente la renta, los artículos suntuarios y el mayor valor del suelo libre de mejoras, el ausentismo y las ganancias especulativas. Se procura desgravar los artículos de primera necesidad, las actividades socialmente útiles, las culturales y las nuevas industrias; éstas últimas por períodos determinados en la forma que establece la ley.

EMPRESTITOS

Artículo 95.- No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada con los dos tercios de votos de los miembros de la Legislatura.

Toda ley que sanciona empréstitos debe especificar los recursos con que deba afrontar el servicio de la deuda y su amortización, los que en ningún caso podrán exceder del veinticinco por ciento de la renta ordinaria anual de la Provincia. No pueden aplicarse los recursos que se obtengan de empréstitos sino a los fines determinados, que debe especificarse en la ley que los autoriza, bajo responsabilidad de la autoridad que los invierta o destine a otros objetos. El uso del crédito en las formas establecidas puede autorizarse únicamente cuando sea destinado a la ejecución de obras públicas, para hacer efectiva la reforma agraria o para atender gastos originados por catástrofes, calamidades públicas y otras necesidades excepcionales e impostergables del Estado, calificadas por ley, sin poder aplicarse en ningún caso a enjugar déficit de administración.

IMPUESTOS PARA GASTOS DETERMINADOS

Artículo 96.- Los fondos provenientes de los impuestos destina dos especialmente a cubrir gastos determinados o amortizar operaciones de crédito, se aplican exclusivamente al objeto previsto y su recaudación cesa cuando este quede cumplido, salvo nueva autorización legal.

ATRIBUCIONES IMPOSITIVAS

Artículo 97.- Los organismos descentralizados pueden ser facul tados para el cobro de los impuestos y contribuciones que les pertenezcan o en los que tengan participación, en la forma y bajo las responsabilidades que la ley establezca.

CONTRATOS Y LICITACIONES

Artículo 98.- Toda enajenación de bienes provinciales, compra, obra pública o concesión de servicios públicos, se hace por licitación pública o privada bajo pena de nulidad y sin perjuicio de las responsabilidades consiguientes. Por ley se establecen las excepciones a este principio.

Puede prescindirse de la licitación pública o privada cuando el Estado resuelva realizar las obras por administración o por intermedio de empresas cooperativas, sociedades mixtas o de otro tipo, de las cuales forma parte, y por los organismos intermunicipales o interprovinciales que se formaren al mismo efecto, para beneficiar al desarrollo y a la economía regional.

Se da prioridad de contratación con el Estado a las personas físicas o jurídicas radicadas en la Provincia, según el régimen que establece la ley.

PRESUPUESTO

Artículo 99.- Todo gasto de la administración debe ajustarse a la ley de presupuesto.

Las leyes especiales que dispongan o autoricen gastos, deben indicar el recurso corespondiente. Estos gastosy recursos son incluídos en la primera ley de presupuesto que se apruebe, bajo sanción de caducidad.

OBJETIVOS

Artículo 100.- El Estado reconoce la función económica y social del mutualismo y de la cooperación libre, en especial de las cooperativas de producción y las que son fuente de trabajo y ocupación.

Implementa las políticas destinadas a la difusión del pensamiento mutualista y cooperativista; la organización, el apoyo técnico y financiero; la comercialización y distribución de sus productos o servicios.

La ley organiza el registro, ejercicio del poder de policía, caracteres, finalidades y controles.

LIBERTAD DE ASOCIACION COOPERATIVA -REPRESENTACION

Artículo 101.- La Provincia promueve y asegura a todos sus habitantes la asociación cooperativa con características de libre acceso, adhesión voluntaria, organización democrática y solidaria. Las cooperativas deben cubrir necesidades comunes, propender al bienestar general y brindar servicios sin fines de lucro. El cooperativismo cuenta con representación en la forma en que lo determine la ley en toda aquella actividad pública donde tenga presencia activa.

COOPERATIVAS

Artículo 102.- Son cooperativas las instituciones privadas de servicios constituídas con arreglo a la legislación específica. Los actos de las cooperativas y sucursales con asiento en la Provincia, que den cumplimiento a los principios de libre asociación y participación de los asociados locales en las decisiones y controles de ellas, no son objeto de imposición a los efectos de los tributos provinciales.

El gobierno provincial y los municipios dan preferencia en el otorgamiento de permisos a las cooperativas integradas por la comunidad respectiva, o la mayor parte de ella, para la prestación de los servicios públicos de los que es usuaria. Asimismo dan prioridad a las cooperativas de producción y trabajo en sus licitaciones y contratos, ante igualdad de ofrecimientos.

EDUCACION COOPERATIVA

Artículo 103.- La Provincia incorpora dentro del currículo oficial y en los distintos niveles de enseñanza, la educación cooperativa, a través de acciones conjuntas de las autoridades educativas, los representantes del sector cooperativo y el órgano competente en la materia.

Impulsa la práctica del cooperativismo escolar.

CONSEJO DE PLANIFICACION - FUNCIONES

Artículo 104.- La acción de gobierno, en cuanto a la promoción económica y realización de la obra pública, responde a una planificación integral que contempla todas las relaciones de interdependencia de los factores locales, regionales y nacionales. Esta planificación es dirigida y permanentemente actualizada por el Consejo de Planificación; es imperativa para el sector público e indicativa para el sector privado.

INTEGRACION

Artículo 105.- El Consejo de Planificación se integra con técnicos especialistas. Una ley especial fija su estructura, debiendo estar representada la actividad económica y el trabajo. Los miembros del Consejo son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura y sólo son removidos por causales que fija la ley.

REGIONES

Artículo 106.- El territorio provincial se organiza en regiones. Se constituyen en base a los municipios, atendiendo a características de afinidad histórica, social, geográfica, económica, cultural e idiosincrasia de la población.

La ley fija sus límites, recursos, estructura orgánica y funcionamiento.

REGIONALIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA PROVINCIAL

Artículo 107.- El Estado dispone la coincidencia de las circunscripciones administrativas de la Provincia con las regiones, y que éstas sean asiento de las delegaciones de los organismos que presten servicios a los habitantes, agrupados en centros administrativos provinciales localizados en una o más ciudades de las mismas.

CONSEJOS REGIONALES

Artículo 108.- En cada región se establece un Consejo Regional, presidido por un delegado del Poder Ejecutivo e integrado por representantes de los organismos provinciales con delegaciones en la misma, de los municipios que la integran, de los partidos políticos de la región con representación legislativa y de entidades sectoriales, especialmente de las asociaciones de trabajadores y empresarios.

FUNCIONES

Artículo 109.- Los Consejos Regionales, conforme lo reglamenta la ley:

El Poder Ejecutivo puede delegarles funciones.

ENTES DE DESARROLLO

Artículo 110.- Se crean los entes de desarrollo de la Línea Sur y de la zona de General Conesa, en función del objetivo de igualar el progreso social, cultural y económico de todas las regiones de la Provincia para su definitiva integración. Concentran las acciones provinciales de promoción de la economía, industrialización de los productos regionales, defensa de la producción y otras acciones de fomento, con las funciones de planificación y ejecución que se les encomiendan; y las coordinan con los organismos competentes del Estado.

Tienen carácter autárquico, recursos propios y su conducción se integra con representantes regionales.

NECESIDAD DE LA REFORMA

Artículo 111.- Esta Constitución puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de la reforma se declara por la Legislatura, con el voto favorable de las dos terceras partes del total de sus miembros y se lleva a cabo por una Convención convocada al efecto.

Dicha declaración determina:

INTEGRACION

Artículo 112.- La Convención se compone de un número de miembros igual al de la Legislatura, al tiempo de declararse la necesidad de la reforma.

Los convencionales se eligen por igual sistema que los legisladores.

REQUISITOS - IMUNIDADES

Artículo 113.- Para ser convencional se requieren las mismas calidades exigidas para el cargo de legislador y los electos tienen iguales inmunidades.

INHABILIDADES - INCOMPATIBILIDADES

Artículo 114.- Ser legislador y las inhabilidades establecidas para este cargo, rigen para ser convencional.

La función de convencional es incompatible con el ejercicio simultáneo de otro cargo, empleo público nacional, provincial o municipal, electivo o no.

PROCLAMACION - PRIMERA REUNION

Artículo 115.- La proclamación de los convencionales electos se realiza dentro de los noventa días del acto eleccionario.

La primera reunión de la Convención se efectúa dentro de los treinta días de proclamados.

ATRIBUCIONES

Artículo 116.- La Convención fija la sede de sus reuniones, dicta su propio reglamento, nombra su personal, confecciona su presupuesto, aprueba sus inversiones y ejercita las demás facultades propias a su función.

PLAZOS - SANCION

Artículo 117.- La reforma total de la Constitución debe ser sancionada dentro de los doscientos cuarenta días y la parcial dentro de los ciento cincuenta días; ambos plazos a contar desde la fecha de la primera reunión.

La Convención puede prorrogar el plazo por un tiempo igual a la mitad del término establecido para cada caso con el voto de las dos terceras partes de sus miembros.

La Convención se limita a tratar y resolver los puntos previstos en la convocatoria, pero no está obligada a hacer la reforma si no lo cree conveniente.

COLABORACION - INFORMACION

Artículo 118.- Toda autoridad, agente público, entidades autárquicas o sociedades del Estado deben prestar la colaboración e información que la Convención solicite.

ENMIENDA - REFERENDUM

Artículo 119.- La enmienda o reforma de un artículo y sus concordantes puede ser sancionada por el voto de los dos tercios de los miembros de la Legislatura; queda incorporado al texto constitucional si es ratificado por el voto de la mayoría del Pueblo, que es convocado al efecto o en oportunidad de la primera elección provincial que se realice.

Para que el referendum se considere válido, se requiere que los votos emitidos superen el cincuenta por ciento de los electores inscriptos en los padrones electorales que correspondan a la Provincia en dicha elección.

Reformas o enmiendas de esta naturaleza no pueden llevarse a cabo sino con intervalo de dos años. Este sistema no es de aplicación a las prescripciones de la Primera Parte de esta Constitución ni a la presente Sección.

SUFRAGIO

Artículo 120.- El sufragio es un derecho y un deber que corresponde a todo ciudadano domiciliado en la Provincia y a los extranjeros, en los casos que esta Constitución determina.

El sufragio es universal, secreto y obligatorio.

La representación política tiene por base la población y su distribución territorial.

LEY ELECTORAL

Artículo 121.- La Legislatura sanciona la ley electoral que garantiza la representación de las minorías a través del sistema proporcional. La lista de candidatos para los cuerpos colegiados consigna suplentes. El reemplazo se hace de acuerdo al orden de lista comenzando por los candidatos titulares no incorporados.

DENOMINACION - SEDE

Artículo 122.- El Poder Legislativo es ejercido por una Cámara denominada "Legislatura" con asiento en la ciudad Capital de la Provincia.

INTEGRACION

Artículo 123.- La Legislatura se integra por no menos de treinta y seis y un máximo de cuarenta y seis legisladores elegidos directamente por el Pueblo, asegurando representación regional con un número fijo e igualitario de legisladores por circuito electoral; y representación poblacional tomando a la Provincia como distrito único, con un legislador por cada veintidos mil o fracción no menor de once mil habitantes.

Se asegura representación a las minorías.

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

Artículo 124.- Para ser legislador se requiere:

DURACION - RENOVACION - REEMPLAZO

Artículo 125.- Los legisladores duran cuatro años en la función y son reelegibles. La Legislatura se renueva totalmente al cumplirse dicho término.

INHABILIDADES

Artículo 126.- No pueden ser elegidos legisladores:

INCOMPATIBILIDADES

Artículo 127.- Es incompatible el cargo de legislador con:

Los agentes públicos y de la actividad privada tienen licencia sin goce de haberes desde su incorporación a la Legislatura y se les reserva el cargo hasta el cese de su mandato.

INMUNIDADES

Artículo 128.- El legislador, desde su elección, no puede ser acusado, interrogado judicialmente ni molestado por las opiniones que emite en el desempeño de su mandato, ni es detenido, salvo el caso de ser sorprendido in fraganti en la ejecución de delito doloso reprimido con pena máxima superior a los tres años de prisión.

DESAFUERO

Artículo 129.- A pedido de juez competente, la Legislatura puede, previo examen del sumario en sesión pública, suspender con dos tercios de votos en su función al legislador y ponerlo a disposición para su juzgamiento.

Si la Legislatura niega el allanamiento del fuero, no se vuelve ante ella con la misma solicitud. Si accede y pasan seis meses sin que el legislador hubiese sido condenado, éste recobra sus inmunidades y vuelve al ejercicio de la función con sólo hacer constar las fechas.

DIETA

Artículo 130.- El legislador percibe la remuneración que la ley determina, que no puede ser alterada en su valor económico durante el período de su mandato.

PRESIDENTE

Artículo 131.- El vicegobernador es el presidente nato de la Legislatura y tiene voto sólo en caso de empate.

VICEPRESIDENTES - COMISIONES

Artículo 132.- En la primera sesión anual la Legislatura designa por mayoría absoluta un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo; tienen voto en todos los casos. De igual manera designa sus comisiones.

COMISION PERMANENTE

Artículo 133.- Antes de entrar en receso, la Legislatura designa de su seno, una comisión permanente cuyas funciones son: continuar con la actividad administrativa, promover la convocatoria de la Cámara siempre que fuere necesario y preparar la apertura del período de sesiones ordinarias.

ORDINARIAS

Artículo 134.- La Legislatura funciona en sesiones ordinarias, sin ningún requisito de apertura o de clausura, desde el 1o de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año; puede prorrogarlas, con comunicación a los demás poderes indicando su término.

Puede sesionar fuera del lugar de su sede pero en el territorio de la Provincia. La resolución es tomada por mayoría absoluta de sus miembros.

EXTRAORDINARIAS

Artículo 135.- La Legislatura es convocada a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo o por propia resolución. El presidente la convoca en caso de petición escrita firmada por la cuarta parte de sus miembros, cuando un grave o urgente asunto lo requiera. La Legislatura sólo trata el o los asuntos que motivan la convocatoria.

Si el presidente deniega o retarda por más de diez días la convocatoria pedida por la cuarta parte de los miembros, éstos pueden hacer la convocatoria directamente.

QUORUM

Artículo 136.- La Legislatura sesiona con la mayoría absoluta de sus miembros. Si fracasa una sesión por falta de quorum, puede sesionar con la tercera parte de sus integrantes; este quorum es válido sólo con citación especial hecha con anticipación de cinco días y con mención expresa de los asuntos a tratar.

Se exceptúan los casos en que por esta Constitución se exige quorum especial.

La Legislatura puede reunirse con menor número de miembros al solo efecto de acordar las medidas necesarias para compeler a los inasistentes y aplicar penas de multa o suspensión.

MAYORIA

Artículo 137.- Cuando esta Constitución dispone que la mayoría requerida es sobre los miembros de la Legislatura, se entiende que lo es sobre la totalidad de los integrantes de la misma y, en los demás casos, sobre los presentes.

CARACTER DE LAS SESIONES

Artículo 138.- Las sesiones de la Legislatura son públicas salvo cuando la naturaleza de los asuntos a considerar exija lo contrario, lo que se determina por mayoría de votos.

Artículo 139.- La Legislatura tiene las siguientes facultades y deberes:

INICIATIVA

Artículo 140.- Toda ley tiene origen en la Legislatura por proyectos de sus miembros y de quienes esta Constitución acuerda iniciativa parlamentaria.

APROBACION

Artículo 141.- Todo proyecto es aprobado por mayoría absoluta o especial, según el caso, por votaciones en general y en particular de cada uno de los artículos.

Una vez aprobado, se difunde a la población de la Provincia por los medios de comunicación a los efectos de conocer la opinión popular, conforme al reglamento.

SANCION

Artículo 142.- Transcurridos quince días desde la aprobación se someterá a nueva votación en general y en particular; si obtiene la mayoría requerida queda sancionada como ley.

EXCEPCIONES

Artículo 143.- Se excluyen del trámite prescripto:

PROMULGACION - VETO

Artículo 144.- Sancionado un proyecto de ley por la Legislatura, se remite al Poder Ejecutivo para que lo promulgue y publique, o lo vete en todo o en parte dentro del término de diez días de su recibo. Vencido el plazo y no vetado el proyecto, si el Poder Ejecutivo no hubiera efectuado su publicación, lo hace la Legislatura.-

INSISTENCIA

Artículo 145.- Desechado en todo o en parte un proyecto de ley por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Legislatura y si ésta insiste en su sanción con los dos tercios de votos, es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la forma dispuesta en el artículo anterior. No reuniéndose los dos tercios para su insistencia ni mayoría para aceptar las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo, no puede repetirse en las sesiones de ese año.-

PROMULGACION PARCIAL

Artículo 146.- Vetado en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo no podrá éste promulgar la parte no vetada, excepto respecto a la ley de presupuesto que cuando fuere vetada sólo será reconsiderada en la parte observada, quedando en vigencia lo restante.

FORMULA

Artículo 147.- En la sanción de las leyes se usará esta fórmula: "La Legislatura de la Provincia de Río Negro sanciona con fuerza de ley".-

OBLIGATORIEDAD

Artículo 148.- Las leyes son obligatorias después de su publicación y desde el día que en ellas se determina.

Si no designan tiempo, las leyes son obligatorias ocho días después de su publicación.-

REVOCATORIA

Artículo 149.- Todo habitante de la Provincia puede peticionar la revocatoria de una ley a partir de su promulgación.

La ley determina el funcionamiento del registro de adhesiones, los plazos y el referéndum obligatorio.

FUNCIONARIOS INCLUIDOS

Artículo 150.- El gobernador, el vicegobernador, y sus reemplazantes legales cuando ejerzan el Poder Ejecutivo, los ministros, los magistrados del Superior Tribunal y los demás funcionarios que establezca esta Constitución y las leyes están sujetos a juicio político. Pueden ser denunciados ante la Legislatura por incapacidad física o mental sobreviniente, por delitos en el desempeño de sus funciones, por delitos comunes o por falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.

DENUNCIA

Artículo 151.- Cualquier miembro de la Legislatura o habitante de la Provincia puede denunciar ante la sala acusadora el delito, falta o incapacidad a efectos de que se promueva juicio.

COMPOSICION

Artículo 152.- La Legislatura en su primera sesión ordinaria, se divide en dos salas por sorteo proporcional en cada una de ellas, de acuerdo a la integración política de la misma, para la tramitación del juicio político. La primera tiene a su cargo la acusación y la segunda el juzgamiento. La sala acusadora es presidida por un legislador elegido de su seno y la juzgadora por el presidente del Superior Tribunal de Justicia y si éste fuera el enjuiciado o estuviera impedido, por el sustituto o reemplazante legal.

SALA ACUSADORA

Artículo 153.- La sala acusadora nombra en la misma sesión una comisión acusadora, no pudiendo facultar al presidente para que la designe. Tiene por objeto investigar la verdad de los hechos en que se funde la acusación; tiene para ese efecto las más amplias facultades.

PROCEDIMIENTO

Artículo 154.- La comisión termina sus diligencias en el perentorio término de cuarenta días y presenta dictamen a la sala acusadora, la que sólo puede aceptarlo por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes.

SUSPENSION

Artículo 155.- Desde el momento en que la sala acusadora acepta la denuncia, el acusado queda suspendido en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo.

COMISION ACUSADORA

Artículo 156.- Admitida la acusación por la sala acusadora, ésta nombra una comisión de tres integrantes para que la sostenga ante la segunda sala que se constituye en tribunal de sentencia, previo juramento de sus miembros.

PROCEDIMIENTO

Artículo 157.- Entablada la acusación por la sala acusadora, el tribunal de sentencia procede a conocer la causa, que falla antes de treinta días. Si vencido ese término no hubiese fallado, el acusado vuelve al ejercicio de sus funciones.

GARANTIA DE DEFENSA

Artículo 158.- La ley establece el procedimiento, garantizando la defensa y el descargo del acusado.

Todas las garantías y derechos reconocidos por esta Constitución y la Nacional, para los juicios de naturaleza penal, son de aplicación obligatoria y pueden invocarse por los interesados durante el proceso. La ley no puede retacear el derecho del denunciante mediante impuesto, fianza, cauciones u otros gravámenes o requisitos no previstos por esta Constitución.

VOTACION

Artículo 159.- Ningún acusado puede ser declarado culpable sino por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del tribunal de sentencia. La votación es nominal.

FALLO

Artículo 160.- El fallo no tiene más efecto que destituir al acusado y aún inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por tiempo determinado, quedando siempre sujeto a juicio, conforme a las leyes, ante los tribunales ordinarios.

TRIBUNAL DE CUENTAS - INTEGRACION

Artículo 161.- El Tribunal de Cuentas es órgano de contralor externo con autonomía funcional e integrado por tres miembros.

REQUISITOS

Artículo 162.- Para ser miembro del Tribunal de Cuentas se requieren iguales exigencias que para ser legislador y, además, título de abogado o graduado en ciencias económicas, debiendo acreditar diez años de ejercicio de la profesión.

ATRIBUCIONES

Artículo 163.- El Tribunal de Cuentas tiene las siguientes facultades y deberes:

FISCAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS - FUNCIONES

Artículo 164.- Corresponde al Fiscal de Investigaciones Adminis trativas la promoción de las investigaciones de las conductas administrativas de los funcionarios y agentes de la administración pública, de los entes descentralizados, autárquicos, de las empresas y sociedades del Estado o controlados por él.

REQUISITOS

Artículo 165.- Para ser designado Fiscal de Investigaciones Administrativas se requieren las mismas exigencias que para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia, teniendo iguales derechos, incompatibilidades e inmunidades.

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 166.- Los miembros del Tribunal de Cuentas y el Fiscal de Investigaciones Administrativas son designados por la Legislatura a propuesta del Poder Ejecutivo. Duran seis años en las funciones y pueden ser redesignados. Se remueven por las causales y procedimientos del juicio político.

DEFENSOR DEL PUEBLO

Artículo 167.- Corresponde al Defensor del Pueblo la defensa de los derechos individuales y colectivos frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial. Supervisa la eficacia en la prestación de los servicios públicos. De advertir infracciones o delitos en materia administrativa, da intervención al Fiscal de Investigaciones Administrativas. Sus funciones son reglamentadas por ley y su actuación se funda en los principios de informalismo, gratuidad, impulsión de oficio, sumariedad y accesibilidad.

REQUISITOS - CONDICIONES - DURACION - INFORME ANUAL

Artículo 168.- Debe tener los mismos requisitos que para ser legislador; le comprenden sus mismas inhabilidades, incompatibilidades e inmunidades y no puede ser removido sino por las causales y el procedimiento establecido para el juicio político. Es designado por la Legislatura con el voto de los dos tercios de sus miembros.

Dura cinco años en la función y puede ser redesignado.

Está obligado a rendir un informe anual a la Legislatura antes de la finalización de cada período ordinario de sesiones, el que es tratado en sesión especial; puede elevar informes extraordinarios cuando lo estime necesario.

REGLAMENTACION

Artículo 169.- La ley establece la organización, funciones, competencia, procedimientos y situación institucional del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Investigaciones Administrativas y Defensor del Pueblo.

GOBERNADOR Y VICEGOBERNADOR

Artículo 170.- El Poder Ejecutivo de la Provincia es ejercido por un ciudadano con el título de gobernador. Su reemplazante legal es el vicegobernador, elegido al mismo tiempo y por igual período.

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD

Artículo 171.- Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere:

INHABILIDADES

Artículo 172.- No pueden ser elegidos gobernador o vicegobernador:

ELECCION

Artículo 173.- El gobernador y el vicegobernador son elegidos directamente por el Pueblo a simple pluralidad de sufragios, constituyendo la Provincia a ese efecto un solo distrito electoral.

En caso de empate decide la Legislatura.

DURACION DEL MANDATO

Artículo 174.- El gobernador y el vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y cesan en ellas el mismo día en que expira el período, sin que pueda prorrogarse el término por evento alguno ni tampoco completarse cuando haya sido interrumpido por cualquier causa.

REELECCION

Artículo 175.- El gobernador y el vicegobernador pueden ser reelectos o sucederse recíprocamente por un nuevo período y por una sola vez.

Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente, no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos sino con un período de intervalo.

JURAMENTO

Artículo 176.- Al tomar posesión del cargo, el gobernador y el vicegobernador prestan juramento ante la Legislatura, en sesión especial. En su defecto, lo hacen ante el Superior Tribunal de Justicia.

INMUNIDADES

Artículo 177.- El gobernador y el vicegobernador, desde el día de su elección hasta el de su cese, gozan de las mismas inmunidades que los legisladores.

AUSENCIAS

Artículo 178.- El gobernador y el vicegobernador no pueden ausentarse del territorio provincial por más de diez días sin autorización de la Legislatura. Si ésta estuviere en receso se le dará cuenta oportunamente.

El gobernador y el vicegobernador no pueden ausentarse simultáneamente del territorio provincial.

EMOLUMENTOS - INCOMPATIBILIDADES

Artículo 179.- El gobernador y el vicegobernador perciben la retribución que la ley determina, que no puede ser alterada en su valor económico durante el período de sus mandatos.

No pueden ejercer otro empleo ni percibir otro emolumento, salvo las rentas propias.

ACEFALIA

Artículo 180.- La acefalía se resuelve con sujeción a las siguientes reglas: